Jaime Escobedo
Olmos es el mejor ejemplo de la desnaturalización
de las asociaciones público-privadas. La asociación público-privada (APP) es
una herramienta para asegurar —por parte del sector privado— la prestación de
servicios públicos o la implementación y operación de infraestructura
pública con alta rentabilidad social. Esta figura
tiene aproximadamente cuatro años de vigencia. Fue incorporada en el Decreto
Legislativo 1012, uno de los 99 decretos legislativos aprobados durante el
gobierno de Alan García, en junio de 2008, para asegurar la implementación del
TLC
con EE.UU.
La APP es un tipo de concesión que se caracteriza
por la contribución que realiza el Estado en el servicio u obra de
infraestructura pública, debido a que la rentabilidad financiera del negocio no
resultaría suficiente para utilizar el esquema clásico de concesiones. Esta
contribución del Estado puede adoptar distintas formas: cesiones de terrenos o
maquinarias, compromisos de compra de los productos, etc.
Formalmente, a través de este tipo de concesión el
Estado busca obtener los mayores beneficios para la ciudadanía, mediante el
menor monto de subsidio estatal posible y con la posibilidad de distribuir los riesgos
con el sector privado. Sin embargo, hay ejemplos concretos de APP donde
el inversionista privado asume —de manera insólita—
un riesgo cero.
Veamos el caso de Olmos. Para comenzar, este tipo
de concesión se puede implementar sólo si, en términos de costo/beneficio, es
más beneficiosa la participación privada que la estatal. Pues bien, los datos
evidencian que, en lugar de una APP, la provisión directa del Estado de las
obras de riego de Olmos, bajo la modalidad de obra pública, hubiera redundado
en mayores beneficios para la sociedad. Únicamente por la venta de tierras del
proyecto, el Estado hubiera obtenido un ingreso
mínimo de US$161.5 millones. Si a ello se suman los
US$22.6 millones anuales que se espera obtener por el uso del agua en las 38
mil hectáreas del proyecto, la recuperación de la inversión, estimada enUS$222
millones, no debería ser un problema. Sin embargo, la decisión del Estado fue
concesionar las obras de riego a favor de H2Olmos,
integrante del grupo Odebrecht, con lo cual será esta empresa la que obtendrá el
85% de los ingresos de la subasta de tierras y el total de ganancias por el uso
del agua durante 23 años.
Por eso, la experiencia del proyecto Olmos es un
primer llamado de alerta frente a esta figura de las asociaciones
público-privadas, donde las empresas concesionarias no arriesgan nada, sino
que, por el contrario, ganan por encima de la rentabilidad esperada. A todas
luces, se trata, para ellas,
de un negocio redondo.
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